EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL Y SUS FUENTES. EL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA Y SU ORGANIZACIÓN. ABOGADOS Y PROCURADORES.

Dra. Ainhoa Gutiérrez Barrenengoa

SUMARIO I. EL SISTEMA JURIDICO ESPAÑOL. II. LAS FUENTES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL. III. EL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA. 1.- Principios fundamentales del Poder Judicial.. 1.1.- Unidad. 1.2.- Exclusividad. 1.3.- Excepciones. Especial referencia al Tribunal Constitucional. 2.- Elementos subjetivos integrantes del Poder Judicial. El Estatuto Jurídico de los Jueces y Magistrados. 3.- El Gobierno del Poder Judicial: el Consejo General del Poder Judicial. 3.1.- Composición y sistema de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. 3.2.- Funciones. 4.- La participación popular en la Administración de Justicia. 4.1.- La acción popular como forma de participación en la Administración de Justicia. 4.2.-El Jurado como forma de participación en la Administración de Justicia. Referencia al Tribunal del Jurado instaurado por la Ley Orgánica 5/95 de 22 de mayo del Tribunal del Jurado. 4.2.1.- Regulación. 4.2.2.- Composición y funciones. 4.2.3.- Ámbito de competencias. 4.2.4.- Estatuto jurídico. IV. ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL. 1.- Concepto de órgano judicial. 2.- Clasificación de los órganos judiciales. 3.- Enumeración y aspectos judiciales de los órganos judiciales. V. ABOGADOS Y PROCURADORES. 1.- Cuestiones generales. 2.- Aspectos profesionales de la procuraduría. 3.- Aspectos profesionales de la abogacía.

 

I.- EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL.

En el ámbito de los sistemas jurídicos contemporáneos, el sistema español responde a las características del llamado modelo continental. Tal como expone el profesor ZORRILLA, la metodología creadora del modelo continental es única y genérica, sin perjuicio de las modalidades de los subgrupos que lo integran. Esboza la separación del sector público y el sector privado del ordenamiento jurídico, generalizando la división del mismo en parcelas o campos que abarcan las materias constitucional, penal, administrativa, tributaria, civil, mercantil, social y procesal.

Este modelo representa el paradigma del Derecho escrito, compuesto, por tanto, de normas jurídicas escritas que traslucen y se mantienen fieles al dogma de la primacía de la ley. Dan testimonio de ello los textos constitucionales que, unas veces, se asimilan a leyes comunes y, otras, como en el caso español, prevalecen sobre éstas en virtud del rango jerárquico que se garantiza mediante un control de constitucionalidad atribuido en España al Tribunal Constitucional. A la ley se asemejan los Tratados internacionales que deben primar sobre la misma .

Por otro lado, este modelo presupone la sumisión exclusiva de los jueces ordinarios al imperio de la ley, pero como la ecuación Derecho = ley se revela ilusoria, la jurisprudencia tiene que recurrir a las fuentes secundarias del Derecho objetivo o servirse de los medios de integración -analogía o Derecho supletorio- que colman las llamadas lagunas de la ley.

Por último, el modelo continental responde a una organización jerárquica de la judicatura que informa el sistema de recursos jurisdiccionales. La función judicial se concibe como un ejercicio profesional confiado a juristas que, interaccionados con el Ministerio Público, gozan de una formación de naturaleza y origen universitarios.

 

II. LAS FUENTES DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL.

El artículo 1.1 del Código civil señala taxativamente que las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, indicando el artículo 1.7 del mismo Cuerpo legal que los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuetes establecido. Por su parte, la Constitución fija en su artículo 9.3 la garantía del principio de legalidad y jerarquía normativa. Además de las fuentes que citaremos habrá que tener en cuenta la normativa comunitaria (reglamentos, directivas, decisiones, dictámenes y recomendaciones).

A) La Ley

Cabe definir la ley como la norma publicada oficialmente con tal carácter, que contiene un mandato normativo de los órganos que constitucionalmente tienen atribuido el poder legislativo originario. Con arreglo a la Constitución tales órganos serán las Cortes Generales y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

La Constitución de 31 de octubre de 1978, actualmente vigente en España, constituye la primera norma del ordenamiento jurídico, es decir, la norma fundamental, la lex suprema,. Desde el punto de vista material, la superioridad de la Constitución se traduce en que todas las demás normas deben atemperarse a los mandatos contenidos en la misma, y desde el punto de vista formal, su superioridad resulta del establecimiento de especiales dificultades para su revisión o reforma (arts. 166 y 169).

B) La costumbre

Siguiendo a DIEZ-PICAZO y GULLON podemos citar los siguientes caracteres de la costumbre: 1 Es una fuente independiente de la ley; 2 Es una fuente subsidaria pues regirá en defecto de ley, lo que implica la invalidez de las costumbres contrarias a la ley; 3 Es una fuente secundaria lo que implica que quien alegue ante los Tribunales la aplicabilidad de las normas consuetudinarias deberá probar la existencia, el contenido y el alcance de las mismas.

C) Los principios generales del Derecho

Según el artículo 1.4 del Código civil los principios generales del Derecho se aplicarán en defecto de ley o de costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Se acepta con esta redacción la tesis de algunos autores, como DE CASTRO, para quien la expresión principios generales comprende las ideas fundamentales e informadoras de la organización jurídica de la nación.

La jurisprudencia ha consagrado, entre otros principios, los siguientes: el de la igualdad ante la Ley; el de que nadie puede ir contra sus propio actos a menos que se tachen de involuntarios, fraudulentos o contrarios a Derecho; el de que nadie puede enriquecerse injustamente.

D) La jurisprudencia

Según el artículo 1.6 del Código civil, "la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico, con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la Ley, la costumbre y los principios generales del Derecho".

Para que la doctrina del Tribunal Supremo se convierta en jurisprudencia es necesario que se trate de una doctrina reiterada, al menos, en dos sentencias y que haya sido utilizada como razón básica para adoptar la decisión (ratio decidendi). Además, es necesario que exista identidad entre los casos concretos decididos por las sentencias.

Hoy en día, además de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, también los Tribunales Superiores de Justicia crean jurisprudencia si bien invocable únicamente en el ámbito de la respectiva Comunidad Autónoma.

 

III.- EL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA.

1.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL PODER JUDICIAL EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

La Constitución española de 1978 configura un Estado Social y Democrático de Derecho (art. 1.1) en el que uno de los pilares básicos lo constituye el Poder Judicial al que dedica el Título VI (artículos 117-127). En este Título, el texto constitucional, si bien no ofrece una definición de lo que ha de entenderse por Poder Judicial, sí señala los caracteres esenciales y los principios básicos sobre los que descansa la actual organización judicial. Concretamente, el Poder Judicial descansa sobre los siguientes principios:

1.1.- Exclusividad.

El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales (art. 117.3 de la Constitución). En una perspectiva positiva, la exclusividad deja fuera del ejercicio de la función de juzgar y ejecutar lo juzgado a cualquier órgano que no esté integrado dentro del esquema organizativo del Poder Judicial. En una perspectiva negativa, la exclusividad implica que los miembros del Poder Judicial no ejercerán más funciones que las señaladas salvo que expresamente les sean atribuidas por la Ley en garantía de cualquier derecho (art. 117.4). Precisamente como manifestación de esta posibilidad de realizar funciones ajenas a las estrictamente jurisdiccionales, se atribuye a los Juzgados de Primera Instancia competencias en materia de Registro Civil y el conocimiento de los actos de Jurisdicción voluntaria.

1.2.- Unidad jurisdiccional.

El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales (art. 117.5). Este principio supone concentrar toda la función de juzgar y ejecutar lo juzgado en un solo Cuerpo de jueces, designados de acuerdo con normas objetivas que garanticen su desvinculación con el poder político. La distribución de asuntos entre el Cuerpo único de jueces se realiza conforme a reglas legales y no discrecionalmente. Se acaba así con el sistema de jurisdicciones especiales, común en el Régimen anterior, caracterizadas por reservar su conocimiento a personas concretas o materias concretas y porque la designación de los Jueces se hacía de una manera más o menos discrecional por el Poder Ejecutivo.

En cualquier caso, el principio de unidad jurisdiccional no se opone a una especialización de los jueces y magistrados integrantes de ese Cuerpo único. Esta especialización, da lugar a que se distingan entre cuatro órdenes jurisdiccionales: Civil, relativo a las relaciones de Derecho privado, entre particulares; Penal, concerniente a los delitos y su sanción; Contencioso-administrativo, sobre la legalidad de la actuación de la Administración Pública; y Social, ceñida a las cuestiones de lo Laboral y de la Seguridad Social.

1.3.- Excepciones. Especial referencia al Tribunal Constitucional.

Los principios señalados tienen alguna excepción. Entre ellas, podemos destacar por su importancia, al Tribunal Constitucional, previsto en la Constitución Española en el Título IX (arts. 159-165), estando regulado además por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.

Las funciones principales del Tribunal Constitucional son la de controlar al Poder Legislativo por medio del recurso y de las cuestiones de inconstitucionalidad de las leyes y de las disposiciones normativas con fuerza de ley y la de conocer del recurso de amparo interpuesto por la posible violación de los derechos y libertades públicas relacionadas en el artículo 53 de la Constitución. Además se le atribuyen el conocimiento de los conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o entre éstas entre sí y de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado.

Cuando el Tribunal Constitucional conoce de los recursos de amparo realiza funciones jurisdiccionales pero, sin embargo, no cabe considerar que sea un órgano del Poder Judicial puesto que ni forma parte del esquema organizativo de aquél, ni sus miembros son designados por el mismo procedimiento, ni con iguales requisitos que los componentes del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional está compuesto por doce miembros nombrados por el Rey: cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro a propuesta del Senado por idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Los miembros serán nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, Funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Son nombrados por nueve años y se renuevan por terceras partes cada tres.

2.- ELEMENTOS SUBJETIVOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL. EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS.

Los Jueces y Magistrados son "independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley" (art. 117.1 de la Constitución Española de 1978). Esta independencia opera tanto frente a las partes contendientes (imparcialidad), como frente al resto de los Poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo), como, por último, frente a los demás órganos judiciales, en el sentido de que los órganos superiores no pueden dirigir a priori la actuación de los inferiores, a diferencia de lo que sucede con los órganos de la Administración Pública, sino que únicamente podrán corregir la actuación de un órgano inferior cuando conozcan de un asunto por vía de recurso.

El conjunto de los Jueces y Magistrados forma una carrera oficial, desempeñando sus funciones de forma permanente. La Carrera Judicial consta de tres categorías: Magistrado del Tribunal Supremo; Magistrado y Juez.

En cuanto al sistema de designación de los mismos, de los distintos posibles, en España se sigue el de oposición ante un Tribunal plural con pruebas públicas si bien se contempla igualmente el acceso directo, sin oposición, por concurso de méritos, que juzga y valora el mismo Tribunal de la oposición. Además, para un tercio de los componentes de las Salas Civil-Penal de los Tribunales Superiores de Justicia se prevé un sistema basado en la designación por el Consejo General del Poder Judicial de una terna que tienen que formular el respectivo Parlamentos Autonómico.

3.- EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL: EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

La Constitución de 1978 establece un órgano "ad hoc", independiente del Ejecutivo y directamente enlazado con la representación parlamentaria, para el gobierno de la Justicia. Dicho órgano es el Consejo General del Poder Judicial, previsto en el artículo 122.2 y regulado en el Título II del Libro II del la L.O.P.J. 6/85 y en el Reglamento de Organización y Funcionamiento, aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en el Acuerdo de 22 de abril de 1986.

3.1.- Composición y sistema de designación de sus miembros.

El Consejo General del Poder Judicial está integrado por veintiún miembros: el Presidente, que es al mismo tiempo Presidente del Tribunal Supremo, y veinte vocales, nombrados por el Rey por un período de cinco años.

El sistema de elección de los veinte vocales se regula actualmente en los artículos 111 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 estableciéndose que serán propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Concretamente, cada Cámara elegirá doce vocales por mayoría de tres quintos de sus miembros: Ocho se eligen entre abogados y juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional y los doce restantes entre jueces y magistrados de todas las categorías que se hallen en activo. Se renovarán, en su totalidad, cada 5 años.

3.2.- Funciones.

Le corresponde, entre otras, la formación, perfeccionamiento, provisión de destino, ascensos, situaciones administrativas y régimen disciplinario de los Jueces y Magistrados.

4.- LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

La participación del pueblo en la Administración de Justicia se encuentra constitucionalizada en el art. 125 C.E. Su justificación se encuentra en que la soberanía popular es la única detentadora del poder, sin que pueda admitirse su monopolización por una determinada clase u orden profesional. Y, así, con nitidez absoluta especifica el art. 117.1. C.E.: "La Justicia emana del pueblo ...".

4.1.-La acción popular como forma de participación en la Administración de Justicia.

Según el artículo 125 de la Constitución, "Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular...". De esta forma, se reconoce al particular, la posibilidad de defender un interés que le concierne como miembro de una determinada colectividad.

4.2.- El Jurado como forma de participación en la Administración de Justicia. Referencia al Tribunal del Jurado instaurado por la L.O. 5/95 de 22 de mayo.

4.2.1.- Regulación.

Según el artículo 125 de la Constitución Española de 1978, los ciudadanos "podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la Ley determine". Desarrollando este mandato constitucional se aprobó la LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

4.2.2. - Composición y funciones del Tribunal del Jurado.

La composición del Jurado establecido por la Ley de 1995 sigue la estructuración propia del modelo de Jurado Puro con una Sección de Hecho y una Sección de Derecho.

La Sección de Hecho estará integrado por un total de 9 ciudadanos o jueces legos más otros 2 en calidad de suplentes para los casos de enfermedad u otra imposibilidad análoga de alguno de los jurados titulares y un Magistrado Presidente.

En la Sección de Derecho el Magistrado Presidente del Tribunal del Jurado, en principio será un Magistrado de la Audiencia Provincial, cuando el Juicio del Jurado se desarrolle en el ámbito de la Audiencia Provincial. Si se trata de supuestos de aforamiento y el aforado lo es dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma, será un Magistrado de la Sala civil-penal del Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto a las funciones, a los Jurados les corresponde emitir el veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable y proclamando la culpabilidad o inocencia de cada acusado por su participación en el hecho/s delictivos, aportando los elementos de convicción sobre los que ha apoyado estas declaraciones. Para la adopción de decisiones y emisión del veredicto, la Ley prevé la mayoría cualificada como sistema de decisión, si bien distingue según el veredicto sea de culpabilidad o de inocencia. En el primer caso, (culpabilidad) exige una mayoría cualificada: siete votos de los nueve posibles. En el segundo, (inocencia) basta con mayoría simple(cinco votos de los nueve posibles).

El Magistrado Presidente será el encargado, entre otras funciones, de dictar sentencia en la que recogerá el veredicto del Jurado e impondrá, en su caso, la pena y/o medida de seguridad, así como las responsabilidades civiles que corresponda. Le corresponde además la función de dirigir y controlar la legalidad de las actuaciones de las partes y del propio Jurado.

4.2.3.- Ámbito de competencias del Tribunal del Jurado.

La Ley ha optado por un criterio delimitador estableciendo un listado concreto y exhaustivo de todas y cada una de las figuras delictivas que se asignarán a su conocimiento. Concretamente, son los siguientes: del homicidio; de las amenazas, de la omisión del deber de socorro; del allanamiento de morada; de los incendios forestales; de la infidelidad en la custodia de documentos; del cohecho; del tráfico de influencias; de la malversación de caudales públicos; de los fraudes y exacciones ilegales; de las negociaciones prohibidas a funcionarios; de la infidelidad en la custodia de presos.

La competencia se extiende a los delitos conexos, siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos: a) Que dos o más personas reunidas cometan simultáneamente los distintos delitos; b) Que dos o más personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos, si hubiera precedido concierto para ello; c) Que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecución o procurar su impunidad.

4.2.4.-Estatuto jurídico.

La participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia a través del Jurado aparece configurada como un derecho-deber. Así lo establece el artículo 6 LOTJ según el cual: "La función de jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño un deber para quienes no estén incursos en causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a esta Ley".

Su configuración como deber tiene tres consecuencias: 1 El derecho a ausentarse del trabajo por el tiempo indispensable para el cumplimiento de su función como jurado; 2 El derecho a remuneración por el tiempo que dure la ausencia; 3 Sanciones para los jurados que incumplan sus obligaciones (comparecer y prestar juramento o promesa, guardar secreto de las deliberaciones y votar).

A) Requisitos para ser jurado.

Aparecen recogidos en el artículo 8 LOTJ. Son los siguientes: 1 Ser español mayor de edad (18 años); 2 Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos; 3 Saber leer y escribir; 4 Ser vecino de cualquiera de los municipios de la provincia en que se hubiere cometido el delito, al tiempo de la designación como candidato a jurado; 5 No estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado.

B) Falta de capacidad para ser jurado.

El artículo 9 funda las causas de incapacidad para ser jurado en motivos de índole penal. Según este artículo está incapacitados para ser jurados: 1 Los condenados por delito doloso que no hayan obtenido rehabilitación; 2 Los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado la apertura del juicio oral y quienes estuvieren sufriendo detención, prisión provisional o cumpliendo pena por delito; 3 Los suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo público, mientras dure dicha suspensión.

C) Incompatibilidades para ser jurado.

Por lo que se refiere a las causas de incompatibilidad para ser Jurado, el artículo 10 establece una prolija y detallada relación de cargos de naturaleza política y profesional que resultan contraindicados para formar parte del Tribunal del Jurado. En definitiva, se ha tratado de excluir a todas aquellas personas que, por el cargo que ostentan o la función que desempeñan, pudieran verse afectadas en el principio de imparcialidad que debe caracterizar la función del Jurado como tribunal que es.

D) Prohibición para ser jurado.

Según el artículo 11, nadie podrá formar parte como jurado del Tribunal que conozca de una causa en la que: 1 Sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil; 2 Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones que determinan el deber de abstención de los Jueces y Magistrados; 3 Tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores relación de parentesco; 4 Haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intérprete; 5 Tenga interés, directo o indirecto, en la causa.

E) Excusas para actuar como jurado.

El legislador en el art. 12 ha optado por el criterio del listado para establecer las causas de excusa. Concretamente, podrán excusarse para actuar como jurado: 1 Los mayores de sesenta y cinco años; 2 Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación; 3 Los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares; 4 Los que desempeñen trabajo de relevante interés general, cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo; 5 Los que tengan su residencia en el extranjero; 6 Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio; 7 Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado.

 

IV. ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL EN ESPAÑA.

1.- CONCEPTO DE ÓRGANO JUDICIAL.

La función jurisdiccional, es decir, la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, se atribuye en España a una serie de órganos estatales que genéricamente reciben el nombre de Tribunales si bien más propiamente esta denominación se reserva para los órganos colegiados, en los que su titularidad corresponde a varios miembros que reciben el nombre de Magistrados, denominándose Juzgados los órganos unipersonales en el que el titular es una solo persona, Juez o Magistrado.

2.- CLASIFICACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES.

Al margen de la distinción antes apuntada entre órganos colegiados y unipersonales, siguiendo al profesor GUERRA SAN MARTIN podemos clasificar los órganos judiciales existentes de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Atendiendo a su carácter, puede distinguirse entre órganos técnicos, legos y mixtos. Los órganos técnicos están formados por Jueces y Magistrados con conocimientos jurídicos. Constituyen la regla general, exigiéndose el título de Licenciado en Derecho. Dentro de los órganos mixtos hay que citar al Tribunal de Jurado.

b) Por el orden jurisdiccional del que conocen. Atendiendo a este criterio, son órganos simples los que conocen de materias propias de un solo orden jurisdiccional (civil, penal, contencioso-administrativo o social). Esta es la regla general. Como excepción, son órganos plurales y Salas Civil-Penal de los Tribunales Superiores de Justicia puesto que conocen de los órdenes civil y penal.

c) Por su función procesal, podemos distinguir por un lado, los órganos de instancia -primera o única- que son aquéllos que resuelven los asuntos por primera vez. En determinados casos, cabe una segunda instancia, es decir un nuevo enjuiciamiento pleno, ante un órgano superior. En otros, no cabe una segunda instancia, sino un recurso extraordinario, ante un órgano también superior, pero que actúa con jurisdicción limitada, ya que ordinariamente no puede modificar los hechos declarados probados por el inferior. Así ocurre con el recurso de casación.

3.- ENUMERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 establece que la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes Juzgados y Tribunales: Juzgados de Paz; Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria; Audiencias Provinciales; Tribunales Superiores de Justicia; Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.

Tanto los Tribunales Superiores de Justicia como la Audiencia Nacional y Tribunal Supremo, en realidad son organizaciones judiciales que engloban dentro de ellas otros órganos, denominados Salas, que son las que realmente ejercen la potestad jurisdiccional. En ocasiones estas Salas se dividen, a su vez, en Tribunales que reciben el nombre de Secciones. También las Audiencias Provinciales suelen dividirse en Secciones.

 

A continuación expondremos una idea general de cada uno de los Juzgados y Tribunales que integran el organigrama judicial español. A estos efectos, tendremos en cuenta además de los criterios clasificatorios aludidos en el epígrafe anterior, la demarcación judicial de cada uno de ellos. Los órganos judiciales se ubican en una determinada localidad, que se denomina sede, y ejercen su jurisdicción en el ámbito territorial respectivo. A efectos de fijar cuál es ese ámbito territorial o, dicho en otros términos, la demarcación judicial de cada uno de los órganos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 parte de la estructuración territorial del Estado diseñada en la Constitución de 1978 en Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas, añadiendo, como demarcación propiamente judicial, la de los Partidos Judiciales que suponen una agrupación de municipios limítrofes pertenecientes a una misma Provincia.

- Juzgados de Paz. En la base de la organización judicial, constituyen una excepción a la regla general de justicia técnica puesto que los Jueces de Paz pueden ser nombrados aun no siendo licenciados en Derecho, siempre que reúnan los requisitos para el ingreso en la Carrera Judicial. Desde otra perspectiva son órganos plurales y de instancia ya que conocen por primera vez de asuntos penales (faltas) y civiles si bien de muy escasa trascendencia. Por último, en cuanto a su demarcación judicial, es de ámbito municipal. Concretamente, existirá un Juzgado de Paz en todos aquellos municipios donde no haya Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Donde no haya Juzgado de Paz, el de Primera Instancia e Instrucción asume sus competencias

- Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. En cada Partido Judicial habrá uno o más Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, con sede en la capital de aquél y jurisdicción en todo su territorio. Tomarán su designación del Municipio de su sede.

Cuando van unidos son órganos mixtos con competencia en el orden civil y penal, si bien en las poblaciones más importantes aparecen separados, dando lugar a dos tipos de órganos diferentes: los Juzgados de Primera Instancia por un lado y los Juzgados de Instrucción, por otro. Cuando esto ocurre, los Juzgados de Primera Instancia actúan, como su nombre indica, como órganos de instancia en materia civil para la generalidad de los juicios que se suscitan en el ámbito del ordenamiento jurídico privado (civil/mercantil). Por su parte, los Juzgados de Instrucción, cuando se trata de hechos tipificados como falta en el Código Penal, son órganos de instancia en algunos casos y de apelación respecto de los Jueces de Paz en los demás. En cuanto a los delitos, tras la sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de julio de 1988 que prohibió la acumulación en un mismo órgano de las funciones de instrucción y enjuiciamiento, por cuanto afectaba a la imparcialidad del Juez sentenciador, la primera de las funciones se atribuye a los Juzgados de Instrucción, cuya principal función es la de averiguar las circunstancias de los hechos que revisten carácter de delito y asegurar, en su caso, la persona y bienes de los presuntamente responsables. Cuando el enjuiciamiento corresponda al Juzgado Central de lo Penal o a la Audiencia Nacional, la instrucción se le atribuye al Juzgado Central de Instrucción.

- Juzgados de lo Penal. De ámbito provincial tienen competencias en el ámbito penal. Fundamentalmente les corresponde el enjuiciamiento de los delitos menos graves. Al Juzgado Central de lo Penal, con sede en Madrid y jurisdicción en toda España, le corresponde el enjuiciamiento de aquellos delitos que por su naturaleza se le atribuyen a la Audiencia Nacional pero que por su pena están dentro de los límites de los atribuidos a los Juzgados de lo Penal.

- Juzgados de los Social. Su ámbito territorial es la provincia, si bien podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen. Excepcionalmente podrán extender su competencia a dos o más provincias dentro de la misma Comunidad Autónoma. Conocerán en primera o única instancia de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidas a otros órganos del mismo.

- Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Son órganos de instancia con competencia objetiva para conocer de los recursos que se deduzcan contra actos y disposiciones de determinados órganos administrativos. Su demarcación judicial es la Provincia.

- Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que tendrán funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, en materia de ejecución de penas privativas de libertad, medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las autoridades administrativas, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y demás que señale la ley.

- Juzgados de Menores. Su ámbito territorial es la provincia, aunque es posible establecerlos con jurisdicción sobre un partido determinado o agrupación de partidos o sobre dos o más provincias de una Comunidad Autónoma de acuerdo con las exigencias de trabajo. Les corresponde el ejercicio de las funciones que establezcan las leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la ley como delito o falta y aquellas otras que, en relación con los menores, les atribuyan las leyes.

- Audiencias Provinciales. Tendrán su sede en la capital de la provincia, de la que tomarán su nombre y sobre la que extenderán su jurisdicción, pudiendo crearse Secciones fuera de la capital de la provincia, a la que quedarán adscritos uno o varios partidos judiciales. Son órganos mixtos ya que tienen competencias en materia penal y civil. Concretamente, en el ámbito penal les corresponde el enjuiciamiento de los delitos más graves. En el ámbito civil fundamentalmente son órganos de apelación o segunda instancia respecto de las resoluciones dictadas por los Juzgados de Primera Instancia.

- Audiencia Nacional. surgida en virtud del D.L. 4/77, de 4 de Enero. Con su sede en Madrid, tiene jurisdicción en toda España. Consta de tres Salas: Sala de lo Penal (de única instancia para los delitos más graves previstos en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), Sala de lo Contencioso-administrativo (órgano de instancia única aunque también conoce de los recursos contra las sentencias dictadas por los Juzgados centrales de lo contencioso-administrativo) y Sala de lo Social (órgano de instancia única).

- Tribunales Superiores de Justicia. Representan la innovación más importante en la estructura judicial española que es una consecuencia del Estado de las Autonomías, ya que con ellos, como dice el art. 70 L.O.P.J., culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo. Tomará el nombre de la Comunidad Autónoma y extenderá su jurisdicción al ámbito territorial de ésta (art. 71 L.O.P.J.), y Según ha señalado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justicia no es un órgano de las Comunidades Autónomas, sino del Estado (S. 22-junio-1982 ) siendo su relación con aquéllas de carácter territorial, dada la radicación del lugar de su sede (S. 14-julio- 1981). Los Tribunales Superiores de Justicia están integrados por las Salas de lo Civil y Penal, de lo Contencioso-administrativo y de lo Social (art. 72 L.O.P.J.).

- Tribunal Supremo. Se organiza en cinco Salas que son las que realmente ejercen funciones jurisdiccionales, en materias propias de los órdenes jurisdiccionales a los que hace referencia su denominación: Sala Primera: "De lo Civil"; Sala Segunda: "De lo Penal"; Sala Tercera: "De lo Contencioso-administrativo"; Sala Cuarta: "De lo Social"; Sala Quinta: "De lo Militar". La función principal del Tribunal Supremo es el conocimiento de los recursos de casación y revisión.

 

V. LOS ABOGADOS Y PROCURADORES

1.- ASPECTOS GENERALES.

Se entiende por postulación técnica la necesidad de intervenir en los procesos, para su validez, de los Abogados y Procuradores. La regulación de la postulación técnica en España descansa, en términos generales, sobre dos bases:

1 División de las funciones de representación y defensa. Como norma general, dichas funciones vienen atribuidas a profesionales distintos: al Procurador la representación y al Abogado la defensa, siendo incompatible el ejercicio simultáneo de ambas profesiones, si bien en el caso del Estado se acumulan en un mismo órgano las funciones de representación y defensa.

2 Carácter preceptivo u obligatorio de la intervención de Procurador y Abogado. La regla general es que los litigantes tienen que estar representados por un Procurador y defendidos por un Letrado

Sin embargo, ambos aspectos tienen importantes excepciones en cada orden jurisdiccional:

A) Orden jurisdiccional civil.

Como regla general las partes deben valerse de Procurador que les represente y de Abogado que les defienda. Pero en ambos casos hay supuestos exceptuados en los que los interesados pueden actuar por sí mismos o defenderse sin necesidad de Abogado. Se trata de los supuestos de menor trascendencia económica o complejidad procesal y que vienen establecidos respectivamente en los artículos 4 y 10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881 y en los artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000 cuya entrada en vigor está prevista, en principio, para el 8 de enero de 2001.

En cuanto a la intervención en la apelación, hoy en día se entiende que se configurará como preceptiva o facultativa dependiendo de las reglas que se establezcan en la instancia. Será preceptiva respecto a la casación y revisión.

B) Orden jurisdiccional penal.

En el ámbito penal la regla general es que, salvo el Ministerio Fiscal, todos los sujetos que intervienen como partes en el procedimiento han de comparecer por medio de un Procurador y asistidos de un Abogado, con la excepción del juicio de faltas en el que no es preceptiva la intervención de Abogado ni de Procurador pero las partes pueden valerse de ellos voluntariamente si lo desean..

En el proceso penal abreviado es preceptiva la intervención de Procurador desde la apertura del juicio oral. En la fase previa al juicio oral, el Abogado puede llevar también la representación del imputado.

En el proceso penal ordinario, la actuación del Procurador se extenderá preceptivamente a la fase de instrucción desde la imputación del delito. Así mismo, en el proceso ante el Tribunal del Jurado, la intervención del Procurador es preceptiva desde dicha imputación.

C) Orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

En este orden jurisdiccional los particulares deberán estar asistidos siempre y en todo caso por Abogado. Si se trata de actuaciones ante órganos unipersonales el particular podrá optar por servirse o no de Procurador. Si prescinde de este profesional las notificaciones de las actuaciones judiciales se harán al Abogado.

Tratándose de funcionarios públicos, se admite que en el proceso contencioso-administrativo sea el mismo funcionario quien actúe en su propia representación y defensa para impugnar un acto o disposición administrativa, siempre que se trate de la defensa de sus derechos estatutarios, es decir, de los derechos que le corresponden por su condición de funcionario público, y que, además, dichos derechos se refieran a cuestiones de personal (v.gr., concursos, promoción interna, traslados, retribuciones, etc.) que no impliquen separación del servicio.

D) Orden jurisdiccional laboral.

El proceso laboral se configura como un proceso sencillo en la instancia y por ello, la defensa mediante abogado es potestativa. Se exige, en cambio, su intervención en los recursos que se interpongan ante las Salas de lo Social del Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo.

En cuanto a la representación, las partes, en lugar de comparecer por sí, pueden conferir su representación a un Procurador, Graduado Social colegiado o a cualquier persona que se encuentre en pleno ejercicio de sus derechos civiles y, por supuesto, también a un Abogado.

2.- ASPECTOS PROFESIONALES DE LA PROCURADURIA.

El Procurador es un profesional liberal e independiente cuya función principal consiste en representar a las partes ante los Tribunales de Justicia en todo tipo de procesos (art. 438 LOPJ y art.1 Estatuto General de los Procuradores).

Esta función le corresponde de forma exclusiva, salvo que la ley expresamente autorice otra cosa, como ocurre en el ordenamiento laboral, en que esta función pueden realizarla también los Graduados Sociales y en el orden contencioso-administrativo en que la representación puede llevarla el Abogado junto a la defensa.

La relación que une al Procurador con su cliente es un contrato de mandato.

A) Regulación.

La regulación de la procuraduría se encuentra en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 (arts. 438-440); en el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales, aprobado por Decreto de 30 de julio de 1982; en las respectivas leyes procesales.

B) Requisitos:

Para ejercer la profesión de Procurador se requiere: 1 Nacionalidad española o de cualquiera de alguno de los Estados miembros de la Comunidad Europea; 2 Ser mayor de edad; 3 Licenciatura en Derecho; 3 Título de Procurador que expide el Ministerio de Justicia, acreditando la Licenciatura.; 4 Estar inscrito en el Colegio de Procuradores; 5 Prestar la fianza que determina el Estatuto; 6 Prestar juramento o promesa ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justicia o Juzgado que corresponda, según donde se proponga ejercer. (El Procurador sólo está habilitado para ejercer en un determinado territorio que normalmente coincide con el de un Partido Judicial, pudiendo actuar en todos los órganos judiciales de cualquier categoría de ese territorio).

C) Deberes.

Los deberes del procurador son dobles: por un lado, como profesional tiene los deberes propios de su profesión, que vienen establecidos en su Estatuto; por otro, frente a su mandante tiene las obligaciones derivadas de la relación contractual que les une.

1 Deberes profesionales: Conforme al Estatuto el Procurador debe colaborar con los órganos judiciales en la función de administrar justicia, actuando con profesionalidad, honradez y lealtad. Además, ha de residir en el territorio en el que ejerce su profesión, debiendo en todo caso mantener despacho abierto en la misma localidad donde tuvieren sede el Colegio correspondiente, o el Juzgado en el que ejerce su profesión.

2 Deberes frente a su mandante: Seguir el juicio mientras no sea cesado en su cargo; transmitir al Abogado todos los documentos, antecedentes e instrucciones que se le remitan o pueda adquirir; recoger del poder del Abogado que cese en la dirección de un asunto, las copias de los escritos y documentos y demás antecedentes que obren en su poder, para entregarlos al que se encargue de continuarlo; tener al cliente y al Letrado siempre al corriente del curso del negocio que se le hubiere confiado; pagar los gastos que se causaren a su instancia.

E) Derechos.

También aquí hay que distinguir entre los derechos profesionales y los derivados de la relación contractual con el mandante.

1 Derechos profesionales: Goza de los honores, preferencias y consideraciones reconocidas por la ley a la profesión (el art.187 LOPJ equipara los Procuradores a los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios y Abogados, en cuanto al uso de la toga y lugar de colocación en la audiencia pública). Además no pueden ser obligados a declarar sobre hechos o noticias de que conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional.

2 Derechos derivados de la relación contractual. El principal es el de recibir una retribución por su trabajo. La cuantía de la retribución no la fijan discrecionalmente, sino que viene establecida reglamentariamente, por medio de Aranceles que tienen en cuenta la naturaleza de la actividad procesal en que intervienen y la cuantía económica o clase de asunto.

3.- ASPECTOS PROFESIONALES DE LA ABOGACÍA.

El Abogado o Letrado es un profesional liberal cuya función consiste en la defensa y asesoramiento jurídico de otras personas ante los Tribunales y fuera de ellos.

Sus normas reguladoras son: La LOPJ (arts.436-442); el Estatuto General de la Abogacía norma reglamentaria aprobada por RD de 24 de julio de 1982; las normas de las leyes procesales referentes a la defensa jurídica de las partes.

Los requisitos para el ejercicio de la profesión son: La Licenciatura en Derecho; carecer de antecedentes penales, que le inhabiliten para el ejercicio profesional; incorporación a un Colegio de Abogados.

La naturaleza jurídica de la relación que el Abogado mantiene con su cliente o defendido es la propia del arrendamiento de servicios.

* Derechos y Deberes de los Abogados.

El Estatuto General de la Abogacía (comprobar fecha) señala una serie de obligaciones:

a) Para con el órgano jurisdiccional: deberes de probidad, lealtad y veracidad en cuanto al fondo de sus declaraciones o manifestaciones y respeto en cuanto a la forma de su intervención.

b) Para con la parte a quien defiende: las obligaciones que deriven de la relación contractual así como en todo caso, la de actuar con el máximo celo y diligencia así como la de guardar el secreto profesional.

c) Para con la parte contraria, tiene la obligación de abstenerse de cualquier acto u omisión que determine una lesión injusta y la del trato considerado y cortés en cada caso.

d) Respecto de los compañeros de profesión: han de evitar la competencia ilícita y el deber de colegiación.

En cuanto a los DERECHOS, se pueden distinguir los que afectan a la misma profesión, de los que derivan de la relación contractual con su cliente:

A) Derechos Profesionales.

El principal de todos es el de su independencia y libertad para poder realizar la defensa jurídica que tiene encomendada.

Al lado de este derecho otro que puede considerarse igualmente fundamental es el de secreto profesional, que al mismo tiempo constituye un deber fundamental.

b) Derechos derivados de su relación contractual.

El derecho fundamental es el de percibir su remuneración o retribución (que recibe la denominación de honorarios) por su trabajo profesional. En el caso del Abogado éste los fija discrecionalmente aunque es frecuente que los respectivos Colegios establezcan normas de orientación sobre honorarios o de carácter mínimo.